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La expulsión de los moriscos; cuarto centenario

 En abril de 1609, se decretó la expulsión de los moriscos  durante el reinado de Felipe III. .A partir de septiembre de 1609 se expulsaron los moriscos valencianos y en enero de 1610 fueron desterrados los moriscos de Granada y Andalucía; desde mayo de 1610 lo fueron los de Aragón y Cataluña, y desde julio de 1610 salieron los castellanos y extremeños. En total, tuvieron que exiliarse de España algo más de 300.000 moriscos. La operación se prolongó hasta 1614

 

el gobierno español ac­tuó siguiendo directamente los sentimientos de la opinión pública, pero su de­cisión reflejaba el malestar general, y también el estado de ánimo de los diri­gentes de Castilla. Expulsar a los moriscos suponía liberar a España de un grupo al que desde hacía tiempo se consideraba como un enemigo nacional y, asestar un golpe a favor de la ortodoxia religiosa, reforzando el poder y el prestigio castellanos.

En la guerra con el islam había desaparecido casi por completo el sentimiento de urgencia y en 1609 ya no constituía una preocupación fundaméntal. Cierto que las depredaciones de los corsarios berberiscos y de sus aliados otomanos continuaban planteando un problema de seguridad en el Mediterráneo occ. Pero nadie creía seria­mente que había que librar una guerra de religión y no existía peligro real de invasión de España ni de una colaboración militar entre Argel y los moriscos. Por tanto, el argumento estratégico había perdido en gran parte su contenido, aunque todavía se invocaba

La valoración de la expulsión ha sido siempre polémica y ha pasado por muchas fluctuaciones.

 

El problema fundamental que planteaban los moriscos era el de integración. Los moriscos seguían siendo un mundo aparte, con su propia lengua y religión y una forma de vida que se basaba en la ley islámica. En Aragón y en Valencia constituían un auténtico enclave del islam en España, que se resistía a la cristianización y a la hispanización, con sus propios líderes y su clase diri­gente, sus ricos y sus pobres, todos ellos inmunes a la integración. Y dado que su patria espiritual estaba fuera de España, se sospechaba que ocurría lo mis­mo respecto a su lealtad política. A los ojos de los castellanos, esta era una situación anormal y monstruosa, la aceptación del fracaso de la política del pasado. Sin embargo, la opinión pública, en tanto en cuanto pueden apreciarse sus puntos de vista en las Cortes y en la literatura de la época, no presionaba para que se llegara a una solución definitiva, ni existía una campaña masiva en favor de la expulsión. No puede hablarse de tolerancia, pues todo el mundo pensaba que el islam era un enemigo secular de la fe católica y de España, pero la hostilidad hacia los moriscos se expresaba normalmente contra abusos espe­cíficos -el bandolerismo, o la competencia por los puestos de trabajo-, pero no adoptaba la forma de una condena general ni de una petición de expulsión. El debate político se circunscribía a los grupos políticos dirigentes de la Iglesia y el Estado.

 

En la raíz del problema morisco había una cuestión demográfica. En víspe­ras de la expulsión, la pob. morisca de España era de 319.000 almas, para un total de 8 mill. de habs. Pero esos moriscos no estaban distribuidos de manera uniforme por toda la penín. + del 60% se hallaban concentrados en el cuadrante suroriental del país. En Valencia, que contaba con la mayor concentración de pob. morisca, eran 135.000, apro­x. el 33% de la pob. El problema se veía agravado por el hecho de que la pob. morisca aumentaba + rápidamente que la pob. cristiana. En Aragón pasaba algo parecido. Allí, había unos 61.000 moriscos, aprox. el 20% de la po­b., y su tasa de crecimiento también era mayor que la de los cristianos.

En Castilla, la situación era menos tensa. Las antiguas comunidades de mu­déjares, que constituían una pequeña minoría, nunca habían planteado pro­blema alguno. La dispersión de 84.000 moriscos de Granada por toda Castilla tras ser sofocada su revuelta en 1570 modificó ligeramente el panorama demo­gráfico. En conj., los mudéjares y los moriscos granadinos eran entre 110.000-120.000, que no planteaban amenaza alguna a los 6,5 mill. de cristianos que vivían en Castilla. Ni siquiera las 2 comunidades moriscas estaban integradas entre sí. El rápido crec. demográfico de los moriscos de Valencia y Aragón no tardó en amenazar con restablecer el equilibrio de poder entre las 2 co­munidades y, tal vez, incluso de decantar la balanza en favor del islam. Por ello, la expulsión puede considerarse como el 2º acto de la Reconquista.

En último extre­mo, es difícil determinar las razones precisas por las que fueron expulsados los moriscos. La decisión no fue simplemente consecuencia de la «presión demo­gráfica». Esta política de expulsión fue responsabilidad de unas cuantas per­sonas: Felipe III, en quien residía la soberanía, y sus consejeros inmediatos, que fueron quienes le plantearon la opción. El duque de Lerma tomó la iniciativa y en este asunto desempeñó con diligencia sus ta­reas políticas y ejecutivas. Bajo su dirección, el Consejo de Estado debatió la cuestión y en enero de 1608 el Consejo comenzó a propugnar la expulsión, en razón de la seguridad del Estado, y el 4-4-1609 recomendó firmemente esta medida al monarca. Felipe III aceptó el consejo y el 9-4-1609 se decidió expulsar a los moriscos de todo el conj. de España, comenzando por Va­lencia.

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